En noviembre del 2016 Segur Ibérica entró en concurso de acreedores y ahora sus principales gestores han sido imputados por un delito de insolvencia punible
La quiebra de Segur Ibérica, un escándalo empresarial que parecía dormir el sueño de los justos en la telaraña de la justicia española, pero que ha despertado súbitamente .
Segur iberica quebró en noviembre del 2016 y entró en concurso de acreedores después de no conseguir que ningún inversor privado aportará una inyección de capital para salvar su situación. Dejando a la empresa con deudas a trabajadores y a la seguridad social de millones de euros y a 8000 empleados en el limbo laboral.
Pero un procedimiento de diligencias instruido por el juzgado de instrucción número 23 de la plaza de castilla ( Madrid ) ha establecido una investigación a nueve miembros de la cúpula directiva de Segur Ibérica por insolvencia punible.
El delito de insolvencia punible está definida en el Código Penal como «el deudor que encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial». De considerarse culpables, puede caerles una pena de 6 meses a 3 años de prisión o multa de 8 a 24 meses.
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Los investigados son el Sr. Ignacio Suárez, quien fue director general de Segur Ibérica cuando la empresa entró en concurso de acreedores. Es desde agosto de 2018 el consejero delegado de la empresa de gimnasios AltaFit Gym Club y había sido CEO de Segur Ibérica desde 2014 hasta el día de su quiebra. Suárez ha designado procurador para ser informado de las diligencias y tener la posibilidad de defenderse.
También junto a él, se puede ver en el escrito del juzgado de instrucción que también están imputadas otras personas como Rafael Centeno, anterior director de recursos humanos que fue quien indicó a los trabajadores que la empresa tenía que iniciar un despido colectivo.
«Por la presente ponemos en su conocimiento que Segur Ibérica S.A tiene previsto iniciar, no antes del próximo día 25 de noviembre de 2016, un procedimiento de despido colectivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, aprobado mediante real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre»
José del Pino, que actualmente es director de riesgos especiales en la empresa de seguridad privada Trablisa. No es el único de los antiguos directivos de Segur Ibérica que se colocó en la empresa mallorquina.
Otros investigados son A. A. E., J. A. F. L, J. L. D. C. F., J. L. P. M., J. M. E. F. y M. A. T. C., cuyos nombres incluimos tan sólo con iniciales.
La denuncia fue interpuesta en su momento por el sindicato alternativa sindical de trabajadores de seguridad privada, aportando además pruebas junto a ella que ayudaron en la investigación.
Se había comprobado años atrás que en los años en que la empresa funcionaba bien, la empresa fue descapitalizada. La compañía, propiedad de los fondos MCH Private Equity y Corpfin Capital, vio como su situación de caja empeoraba desde 2010, con 66 millones de euros que salieron de la compañía hasta quedarse en fondos propios negativos.
Rechazo de un fondo israelí
El fondo israelí I-SEC, había realizado una oferta por las unidades productivas de vigilancia y seguridad, pero finalmente la retiró.
