El sector de la seguridad privada en España cerró 2025 con una facturación de 6.740 millones de euros, un 6 % más que el año anterior, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa publicado en octubre de 2026. Es el cuarto año seguido de crecimiento y llega después de un 2024 en el que el mercado ya había sumado un 7,6 %. Detrás de esa cifra conviven dos modelos de negocio con lógicas muy distintas: la vigilancia humana, intensiva en mano de obra y con márgenes ajustados, y los sistemas electrónicos de seguridad, más escalables y con ingresos recurrentes. La tensión entre ambos define la estrategia de las grandes compañías y condiciona el empleo de todo el sector de la seguridad privada.
Conviene aclarar algo antes de seguir: no hay una única cifra oficial de facturación. DBK mide el mercado completo, incluidas las instaladoras de sistemas que no son socias de ninguna patronal, y llega a 6.740 millones. APROSER, la patronal de las grandes empresas, calcula 5.657 millones para 2025 (+6,1 %) con un perímetro más estrecho. Las dos fuentes coinciden en lo importante: el sector de la seguridad privada crece en torno al 6 % y son los sistemas electrónicos los que tiran del carro.
La estructura del sector de la seguridad privada en España es marcadamente dual. Por un lado, un puñado de grandes grupos —Prosegur, Securitas, Securitas Direct (Verisure), Eulen o Loomis— concentra la mayor parte de los ingresos y marca precios, tecnología y relaciones laborales. Por otro, más de 1.500 empresas, el 84,4 % de ellas con menos de 50 trabajadores, pelean por contratos locales o especializados con márgenes muy estrechos y poca capacidad para invertir en digitalización. Puedes consultarlas todas en nuestro directorio de empresas de seguridad privada.
Esa concentración no es casual: el sector de la seguridad privada exige centros de alarmas, flotas de respuesta, sistemas de monitorización y certificaciones que solo salen rentables a escala. Las cinco mayores empresas del sector se reparten el 58,3 % del mercado y las diez primeras, el 72,4 %. Dicho de otra forma: cinco compañías facturan más que las más de 1.500 restantes juntas. El liderazgo es, a la vez, una barrera de entrada y una ventaja difícil de copiar, y deja hueco a algo que en Proseguridad seguimos de cerca: las empresas pirata que prestan servicios sin autorización, que compiten a la baja en precio.
Ingresos activos e ingresos pasivos: dos lógicas de negocio, dos márgenes
En el sector de la seguridad privada, la diferencia entre vigilancia y sistemas no es solo de cuota de mercado: son estructuras de costes, márgenes y riesgos distintos. La vigilancia humana depende de una variable que el operador no controla, el coste salarial pactado en el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2026-2030 (BOE del 18 de abril de 2026). Ese convenio fija subidas del 3 % en 2026, del 3,5 % en 2027, del 4 % en 2028 y 2029 y del 4,5 % en 2030. Los sistemas electrónicos, en cambio, capturan ingresos recurrentes con una base de coste casi fija una vez instalada la infraestructura.
Esta diferencia se nota en la cuenta de resultados. Las empresas del sector de la seguridad privada que combinan las dos líneas de negocio son las más rentables: compensan el coste laboral de la vigilancia con el margen de las alarmas y los sistemas. Las que dependen casi solo de uno de los dos modelos quedan más expuestas a sus debilidades: subidas salariales en un caso, competencia en precio y necesidad de inversión en el otro.
¿Cuánto más rentable es un modelo que otro? Los resultados de 2025 de los grandes grupos cotizados lo dejan claro. No son cifras de España, sino del conjunto de cada grupo, pero muestran bien cómo cambia el margen según el peso de la vigilancia en el negocio, algo que en el sector de la seguridad privada se repite a cualquier escala.
Vigilancia + tecnología
Vigilancia, efectivo y alarmas
Gestión de efectivo
Alarmas por suscripción
Los números de 2025 cuentan cuatro historias distintas. Securitas, uno de los mayores empleadores de vigilantes de seguridad en España, mejoró su margen hasta el 7,4 % gracias al peso creciente de la tecnología, aunque sus ventas en coronas bajaron por el tipo de cambio. Prosegur creció un 10 % en orgánico, pero el efecto divisa en Latinoamérica dejó su facturación casi plana en euros; aun así, su beneficio neto subió un 52,8 %. Loomis marcó un margen récord en gestión de efectivo. Y Verisure, la matriz de Securitas Direct, encabeza la rentabilidad operativa con diferencia, aunque cerró el año con pérdidas netas: el margen operativo no lo es todo cuando pesan la deuda, las amortizaciones y los gastos extraordinarios.
| Grupo | Ventas 2025 | Variación (orgánica) | Margen operativo | Resultado neto |
|---|---|---|---|---|
| Securitas | 155.113 M SEK | −4,2 % (+4 %) | 7,4 % | BPA 8,93 SEK |
| Prosegur | 4.930 M€ | +0,5 % (+10 %) | 7,2 % | 119 M€ (+52,8 %) |
| Loomis | 30.427 M SEK | −0,1 % (+4 %) | 12,7 % | 1.582 M SEK |
| Verisure | 3.745 M€ | +9,9 % | 25,4 % | −255,9 M€ |
El mercado laboral en el sector de la seguridad privada: habilitaciones, empleo real y la brecha que nadie ha cuantificado
Uno de los debates más repetidos en el sector de la seguridad privada, y de los peor documentados, es la aparente contradicción entre las Tarjetas de Identidad Profesional (TIP) en vigor y los vigilantes que de verdad trabajan. A finales de 2024, el Ministerio del Interior contabilizaba 311.586 habilitaciones vigentes de vigilante de seguridad; DBK situaba la cifra en 287.240 un año antes, lo que da una idea de las miles de TIP nuevas que se expiden cada año. En paralelo, APROSER estimaba 91.275 vigilantes en plantilla en 2024 y 94.400 en 2025. La diferencia, más de 217.000 habilitaciones sin empleo visible, invita a una conclusión que conviene desactivar: esos dos números no miden lo mismo y no pueden restarse para obtener una cifra de paro.
El Anuario Estadístico del Ministerio del Interior recoge las TIP expedidas y vigentes: una credencial que acredita que alguien puede ejercer como vigilante, pero que no dice si trabaja, ha cambiado de profesión, se ha jubilado o nunca llegó a entrar en el sector de la seguridad privada. Los datos de APROSER salen de lo que las empresas declaran sobre sus plantillas. Son fuentes con métodos distintos y no sirven para comparar una con otra de forma directa.
Lo que sí se lee con claridad en los datos de APROSER es el perfil de quien trabaja hoy de vigilante de seguridad en España. La edad media es de 49 años, reflejo de una generación que entró en el sector de la seguridad privada en los noventa y de lo difícil que resulta atraer a gente joven. El 94 % tiene contrato indefinido y solo el 17 % de la plantilla son mujeres. A eso se suma una rotación anual del 16 %: cada año, unos 15.100 vigilantes cambian de empresa o se van. El crecimiento neto de 3.125 vigilantes entre 2024 y 2025 se produce, por tanto, sobre una renovación mucho más intensa de lo que parece.
La brecha entre los 311.586 titulares de TIP y los 94.400 vigilantes en activo no es, por tanto, una bolsa de parados lista para trabajar. Es una foto borrosa de un registro que no se diseñó para informar de la situación laboral de sus titulares. Detrás de esas más de 217.000 personas hay situaciones muy distintas: quien trabaja en otro sector y guarda la TIP como plan B, quien se jubiló sin cancelarla, quien está de excedencia o de baja, y quien dejó el sector de la seguridad privada para siempre sin hacer ningún trámite.
Proporción orientativa. Las dos cifras proceden de fuentes con métodos distintos; la barra ilustra el tamaño de la brecha, no un dato oficial.
Trabajo en otro sector
Titulares que sacaron la TIP pero trabajan en otra actividad y la mantienen como opción de vuelta.
Jubilación o inactividad
Habilitaciones en vigor cuyo titular dejó de trabajar sin pedir la cancelación de la TIP.
Inactividad temporal
Excedencias, bajas largas o periodos entre contratos, frecuentes con una rotación del 16 %.
Abandono sin cancelar
Personas que dejaron la profesión para siempre pero cuya TIP sigue vigente en el registro.
Lo relevante para el sector de la seguridad privada no es cuántas habilitaciones están dormidas, sino cuántos vigilantes se pueden incorporar cuando sube la demanda. Eso depende de cuántos titulares de TIP están disponibles y dispuestos a volver, algo que el registro no permite saber, y de las condiciones que les ofrezca el mercado: las que fija el convenio colectivo 2026-2030 y las que cada empresa añada por encima. Si te interesa entrar en la profesión, empieza por nuestra guía sobre cómo ser vigilante de seguridad en España. Para quien ya está dentro, la sección de seguridad-privada recoge casos y derechos del día a día. Ahí es donde la estadística de habilitaciones deja de ser una respuesta y se convierte en una pregunta de política sectorial.
Hacia dónde se expande el sector de la seguridad privada
Más allá del empleo y los márgenes, el sector de la seguridad privada en España está moviendo las fronteras de su negocio. La demanda privada y la presión europea abren oportunidades en siete frentes que los grandes grupos ya están aprovechando y que las empresas medianas empiezan a explorar. Y hay un matiz importante: la ley española que debía ordenar uno de esos frentes, la de entidades críticas, se ha quedado por el camino con la disolución de las Cortes, aunque la obligación europea sigue ahí.
- 1 Protección de infraestructuras críticas. La Directiva europea CER (2022/2557) obliga a identificar las entidades críticas y a exigirles planes de resiliencia, un responsable de seguridad y verificación de antecedentes del personal. España tenía un proyecto de ley que incluía por primera vez la seguridad privada como sector estratégico, pero decayó el 6 de octubre de 2026. Mientras llega la nueva ley, la demanda la sostienen la Ley 8/2011 y los operadores que ya se preparan para lo que viene. Los vigilantes de este ámbito tienen su propia asociación, ANVIC.
- 2 Ciberseguridad física convergente. La CER y la NIS2 empujan hacia una protección integral que une seguridad física y digital. Centros de datos, plantas industriales y redes de energía necesitan empresas de seguridad capaces de responder a la vez en los dos terrenos, como muestran los ataques de ransomware a infraestructuras críticas.
- 3 Drones, robots y vigilancia perimetral autónoma. Puertos, aeropuertos, parques logísticos y plantas industriales ya prueban drones, robots y sensores fijos para cubrir perímetros extensos de noche. Lo que frena el despliegue a escala es el encaje normativo: la Ley 5/2014 no los regula expresamente y el nuevo Reglamento de Seguridad Privada sigue sin aprobarse. Hay casos reales en nuestro reportaje sobre robótica e IA en seguridad privada.
- 4 Inteligencia artificial aplicada a videovigilancia. La analítica en tiempo real (comportamientos anómalos, matrículas, control de aforos) lleva la vigilancia de reaccionar a prevenir, siempre dentro del Reglamento europeo de IA (Reglamento (UE) 2024/1689), que limita la identificación biométrica en espacios públicos.
- 5 Seguridad residencial por suscripción. El modelo de alarma con cuota mensual ha convertido a Verisure, matriz de Securitas Direct, en el grupo con mayor margen operativo del sector: un 25,4 % de EBIT ajustado en 2025, con ingresos un 9,9 % mayores y más de 6,1 millones de clientes. España tuvo ese año su récord de nuevas instalaciones. El modelo se está trasladando al pequeño comercio y a las comunidades de propietarios.
- 6 Gestión de eventos masivos. Los grandes eventos exigen cada vez más control de accesos, coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y planes de emergencia. Es un segmento que pide acreditación, capacidad de despliegue rápido y mano firme contra el intrusismo, como mostró el operativo policial contra el intrusismo en eventos.
- 7 Escolta y protección personal. La protección de directivos, personalidades y activos en tránsito tiene el mayor margen por servicio y es el segmento donde más cuesta entrar sin experiencia acreditada.
La Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas: qué iba a cambiar para el sector de la seguridad privada y por qué se ha quedado en el aire
Durante quince años, la referencia para proteger las infraestructuras críticas en España ha sido la Ley 8/2011 y su reglamento, el Real Decreto 704/2011. Es un modelo pensado para identificar una lista de instalaciones y protegerlas físicamente. Las amenazas de hoy, en cambio, son híbridas: mezclan intrusiones físicas, ciberataques y desinformación, y no se paran en la valla del perímetro.
Europa respondió con la Directiva CER (2022/2557), que España debía trasponer antes del 17 de octubre de 2024. No lo hizo. El Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas (LPREC) en el Consejo de Ministros del 17 de marzo de 2026 y lo registró en el Congreso al día siguiente. Un mes después, el 29 de abril, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE y pidió que se le impongan sanciones económicas. El texto seguía en la Comisión de Interior cuando el Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre, disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre. Con la disolución, el proyecto decayó.
¿Qué significa esto para el sector de la seguridad privada? Tres cosas. La primera, que la Ley 8/2011 sigue plenamente en vigor, con sus planes de seguridad del operador y sus planes de protección específicos. La segunda, que la obligación europea no desaparece: el nuevo Gobierno tendrá que volver a aprobar el proyecto y llevarlo de nuevo a unas Cortes que se constituirán el 23 de diciembre, con el procedimiento ante el TJUE ya abierto. La tercera, que el contenido del texto decaído es la mejor pista de lo que vendrá, porque responde a una directiva que no se puede cambiar.
Qué exigía el proyecto a los operadores y qué significa para la seguridad privada
El centro del nuevo modelo ya no era una lista de instalaciones, sino una obligación de resiliencia: cada entidad crítica debía seguir prestando su servicio esencial incluso en condiciones degradadas y recuperarlo en tiempos marcados. Como la directiva no cambia, es muy probable que el próximo texto mantenga estas obligaciones, y todas afectan de lleno a las empresas del sector de la seguridad privada que trabajan para esos operadores.
El proyecto las ordenaba en cinco bloques: una evaluación de riesgos en un plazo de nueve meses desde que la entidad es identificada como crítica; un Plan de Resiliencia en los seis meses siguientes; un responsable de seguridad y resiliencia con habilitación de Director de Seguridad; la comprobación de antecedentes del personal que opera o controla las infraestructuras; y la notificación de incidentes graves en 24 horas, con informe detallado en un mes.
1. Evaluación de riesgos · 9 meses
Amenazas naturales, humanas, híbridas y terroristas, validada por la Secretaría de Estado de Seguridad. La empresa de seguridad aporta datos sobre el perímetro y el personal.
2. Plan de Resiliencia · 6 meses
Medidas técnicas, organizativas y de seguridad proporcionales al riesgo. El servicio de vigilancia contratado entra en el plan y se audita con él. No tenerlo es infracción muy grave.
3. Responsable de Seguridad y Resiliencia
Interlocutor único con las autoridades. Debe tener la habilitación de Director de Seguridad del Ministerio del Interior.
4. Comprobación de antecedentes
Para el personal que opera, mantiene o controla la infraestructura. Los vigilantes asignados quedan incluidos.
5. Incidentes: 24 horas
Aviso inicial en 24 horas e informe detallado en un mes. Las empresas de seguridad necesitarán protocolos de comunicación inmediata con el operador.
El riesgo que señalan los analistas no ha cambiado con el parón: la complejidad normativa favorece a los grandes grupos internacionales, capaces de certificarse y cumplir en varios frentes a la vez, frente a las empresas medianas y pequeñas del sector de la seguridad privada, que no tienen recursos para asumir solas esa carga. El retraso, eso sí, les da algo de margen para prepararse: formar mandos, revisar protocolos de incidentes y documentar la verificación de su personal antes de que el nuevo texto llegue al BOE.
Director de Seguridad / RSR
El proyecto exigía que el Responsable de Seguridad y Resiliencia tuviera la habilitación de Director de Seguridad. Su demanda crecerá con cada entidad crítica identificada. Ver el directorio de asociaciones.
Operador de drones y sistemas autónomos
Combina la TIP de vigilante con la acreditación de piloto. Es uno de los perfiles más escasos del sector. Más en robótica e IA, parte 2.
Analista de amenazas
Cruza señales físicas y digitales para anticiparse. Un perfil nuevo que el sector todavía no forma en número suficiente.
La regulación que cambia el tablero (y la que sigue esperando)
La ley de entidades críticas es la pieza más importante, pero no la única. El marco del sector de la seguridad privada se está moviendo en cuatro frentes a la vez, y casi todos van con retraso. La CER y la NIS2, por cuya falta de transposición Bruselas también ha expedientado a España. El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, que afecta a la videovigilancia analítica y cuyo calendario explicamos en EU AI Act 2027. El uso de drones por operadores privados, sin encaje claro. Y el propio Reglamento de Seguridad Privada, que sigue siendo el de 1994 pese a que la Ley 5/2014 pedía uno nuevo, imprescindible para reconocer los perfiles y habilitaciones que el sector ya necesita.
Para las empresas más pequeñas del sector de la seguridad privada, esta complejidad empuja hacia la subcontratación o hacia nichos con menos exigencias. Para las grandes, es una barrera de entrada que protege su posición y justifica precios más altos. Lo más probable es que se acelere la concentración que ya se ve en el mercado, donde las cinco primeras empresas tienen el 58,3 %: quien puede cumplir a la vez en lo físico, lo digital y lo legal juega con ventaja frente a quien solo opera en un nicho.
Qué aporta más valor al vigilante
Con alta rotación, una plantilla de 49 años de media y una normativa que pide capacidades nuevas, lo que retiene al vigilante se convierte en un factor estratégico. El salario lo marca el convenio colectivo estatal 2026-2030, con subidas del 3 % al 4,5 % anual. A partir de ahí, lo que marca la diferencia es la formación hacia los nuevos perfiles, el equipamiento, el reconocimiento profesional y poder crecer dentro de la empresa.
Formación especializada
Infraestructuras críticas, amenazas híbridas, drones o ciberdefensa básica. Es lo que más pesa en la empleabilidad y en la fidelidad a la empresa. Ver formación.
Equipamiento y tecnología
Comunicaciones, cámaras corporales y partes digitales mejoran la percepción del puesto y quitan papeleo en el turno.
Reconocimiento profesional
Trabajar en entornos críticos, con funciones propias y verificación de antecedentes, eleva el estatus. El debate sobre los vigilantes como agentes de la autoridad va en la misma línea.
Carrera interna
Poder llegar a jefe de seguridad, director o especialista tecnológico retiene a los perfiles con experiencia y ayuda a bajar la rotación del 16 %.
Conciliación y turnos
Cuadrantes flexibles y menos noches seguidas. El convenio nuevo recoge la desconexión digital, pero la gestión de turnos sigue siendo la queja más repetida.
Salud y seguridad laboral
Protocolos de desescalada, cobertura ante incidentes y prevención de riesgos laborales determinan cómo se siente el vigilante en su puesto y cuántas bajas hay.
Preguntas frecuentes sobre el sector de la seguridad privada
¿Cuántas empresas de seguridad privada hay en España?
¿Cuánto factura el sector de la seguridad privada en España?
¿Cuántos vigilantes de seguridad hay en activo en España?
¿Por qué hay tantas TIP vigentes si solo hay 94.400 vigilantes en activo?
¿Qué ha pasado con la Ley PREC de entidades críticas?
¿Qué norma se aplica hoy a las infraestructuras críticas?
¿Cuál es la edad media de un vigilante de seguridad en España?
Fuentes y referencias
- Observatorio Sectorial DBK de Informa — «Compañías de Seguridad», edición de octubre de 2026 (facturación 2025, segmentos, concentración).
- APROSER — Cifras y datos del sector 2025: empresas, vigilantes en activo, edad media, rotación.
- Ministerio del Interior — Anuario Estadístico (habilitaciones de personal de seguridad privada).
- Unidad Central de Seguridad Privada — Informe de empleo 2021-2024 (puestos a 31-12-2024).
- BOE-A-2026-8569 — Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2026-2030.
- Proyecto de Ley de protección y resiliencia de las entidades críticas — BOCG, XV Legislatura, serie A, núm. 88-1 (marzo de 2026).
- Directiva (UE) 2022/2557 (CER) y procedimiento de infracción INFR(2024)0271, remisión al TJUE del 29 de abril de 2026.
- Real Decreto 806/2026 de disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones (BOE del 6 de octubre de 2026).
- Informes de resultados del ejercicio 2025 de Securitas, Prosegur, Loomis y Verisure.
- Proseguridad.info — Guía del sector de la seguridad privada en España y seguimiento normativo.
Artículo publicado en Proseguridad.info el 24 de octubre de 2026. Los datos son los últimos publicados en esa fecha. Para actualizaciones posteriores, consulta las fuentes enlazadas.
