Videovigilancia con IA en España: las 8 garantías que exigir

Cámaras que distinguen personas de vehículos, que buscan a alguien por la ropa que lleva o que reconocen caras. La videovigilancia con IA ya se vende a empresas, centros comerciales y ayuntamientos. Pero en octubre de 2026 la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) frenó dos proyectos municipales antes de que arrancaran. Te explicamos […]

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Cámaras que distinguen personas de vehículos, que buscan a alguien por la ropa que lleva o que reconocen caras. La videovigilancia con IA ya se vende a empresas, centros comerciales y ayuntamientos. Pero en octubre de 2026 la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) frenó dos proyectos municipales antes de que arrancaran. Te explicamos las 8 garantías que debería exigir cualquier empresa, ayuntamiento o director de seguridad antes de encender una cámara inteligente, y qué organismos tienen algo que decir.

Lo esencial en 30 segundos

  • El aviso: el 6 de octubre de 2026, la AEPD advirtió a dos ayuntamientos por proyectos de videovigilancia con IA que incluían reconocimiento facial y búsqueda de personas por su apariencia.
  • La idea clave: que una función exista no justifica usarla. Cada capacidad de la IA debe pasar su propio examen de necesidad y proporcionalidad.
  • Las imágenes: como regla general, se borran en un mes como máximo (art. 22 LOPDGDD).
  • Las caras: el reconocimiento facial trata datos biométricos y entra en el régimen reforzado del RGPD y del Reglamento europeo de IA.
  • Los organismos: AEPD, Delegación del Gobierno y Comisión de Garantías de Videovigilancia, Policía Nacional (seguridad privada), AESIA, CCN y la representación de los trabajadores.

El aviso de la AEPD que lo cambia todo

Dos ayuntamientos, dos proyectos y una misma advertencia.

El 6 de octubre de 2026, la AEPD informó de dos advertencias a ayuntamientos cuyos proyectos de videovigilancia con IA aún no se habían puesto en marcha. Según recogió Infobae, uno contemplaba detección o reconocimiento facial. El otro preveía detectar personas y vehículos, generar metadatos y buscar a personas por su apariencia (ropa, pelo, sexo o edad), incluso a partir de una fotografía.

Una advertencia no es una multa. Es una medida preventiva del artículo 58.2.a del RGPD para tratamientos que todavía no han empezado y que podrían incumplir la norma, y no supone declarar que se haya cometido una infracción. Los expedientes llevan las referencias AI-00170-2026 y AI-00171-2026, según el análisis del despacho Baylos. La AEPD no ha identificado a los municipios.

El mensaje de fondo es equilibrado. La Agencia dice que la normativa no impide usar estas tecnologías y que, bien diseñadas, pueden mejorar la eficacia de algunos tratamientos. Pero exige garantías adecuadas a sus riesgos, desde la fase de compra. Y deja una frase que debería estar en cualquier pliego: la mera disponibilidad técnica de una función no basta para justificar su uso, como subraya el análisis de ECIJA.

Aunque los avisos se dirigieron a ayuntamientos, sus principios valen para cualquiera que instale videovigilancia con IA: una empresa, una cadena de tiendas, un hospital o una infraestructura crítica. Y el sector ya la usa a diario, como contamos en Robótica e IA en seguridad privada: proyectos reales en España; la patronal Aproser la cita entre las tecnologías de sus empresas. No es la primera vez que la AEPD mira a este terreno. Ya en 2020 publicó un informe sobre el reconocimiento facial en empresas de seguridad privada, y en 2021 multó con 2,52 millones de euros a una cadena de supermercados por su sistema de reconocimiento facial, según Hunton Andrews Kurth.

Infografía · Las 8 garantías

Videovigilancia con IA: lo que hay que exigir antes de encender la cámara

01

Finalidad y proporcionalidad

Un para qué concreto, función a función.

02

Base legal y autorización

Quién puede grabar qué espacio y con qué permiso.

03

Evaluación de impacto previa

La EIPD, antes de grabar el primer fotograma.

04

Línea roja biométrica

Caras y búsqueda por apariencia, con régimen reforzado.

05

Supervisión humana

La IA avisa; una persona formada decide.

06

Conservación mínima

Un mes como máximo, también para los metadatos.

07

Transparencia real

Cartel, información por capas y aviso a la plantilla.

08

Contrato blindado

Encargado de tratamiento, servidores, ciberseguridad y salida.

Elaboración propia de Proseguridad a partir de las advertencias de la AEPD (octubre de 2026), el RGPD, la LOPDGDD, la Ley 5/2014, la LO 4/1997 y el Reglamento europeo de IA.

Garantía 1: una finalidad concreta y un examen por cada función

«Porque la cámara lo trae» no es una razón.

Es el corazón del aviso de la AEPD. No basta con justificar que se instalan cámaras: hay que justificar cada capacidad añadida de análisis automatizado. Detectar intrusos en un perímetro de noche no es lo mismo que contar personas, leer matrículas (algo que ya hace la DGT, como vimos en cómo te vigila la DGT), buscar a alguien por su chaqueta o reconocer su cara. Cada función trata datos distintos y genera riesgos distintos.

El examen tiene tres preguntas clásicas. ¿Es idónea la función para el fin que se busca? ¿Es necesaria, o hay una forma menos invasiva de conseguir lo mismo? ¿Es proporcionada, es decir, compensa el beneficio frente a la injerencia en los derechos de las personas? Si una función no supera las tres, se desactiva. Y se documenta por qué. Si la cámara envía alertas a la policía, conviene que el circuito esté pactado, como en los programas de colaboración tipo Red Azul.

Para un director de seguridad, esto se traduce en algo muy práctico: pedir al proveedor la lista completa de funciones de IA del sistema y decidir, una por una, cuáles se activan. La protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25 del RGPD) significa que todo lo que no se ha justificado debe venir apagado.

Infografía · Semáforo de funciones

Cuánto riesgo añade cada función de videovigilancia con IA

RIESGO MÁS BAJO

Detectar sin identificar

  • Intrusión en un perímetro cerrado.
  • Filtrado de falsas alarmas (animales, vegetación).
  • Objeto abandonado o humo.

RIESGO MEDIO

Clasificar y seguir

  • Detección de personas y vehículos con metadatos.
  • Lectura de matrículas.
  • Conteo y aforos, seguimiento entre cámaras.

RIESGO ALTO O PROHIBIDO

Identificar o inferir

  • Reconocimiento facial.
  • Búsqueda de personas por apariencia o a partir de una foto.
  • Reconocimiento de emociones en el trabajo (prohibido).

Clasificación orientativa de Proseguridad a partir de las advertencias de la AEPD y del Reglamento europeo de IA. Cada caso requiere su propio análisis.

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No todos pueden grabar todo. Depende de quién eres y de qué espacio miras.

La videovigilancia con IA no crea un régimen nuevo: se apoya en las reglas de siempre, que cambian según quién instala las cámaras.

  • Empresas y particulares. El artículo 22 de la LOPDGDD permite grabar para preservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones. Pero solo el espacio imprescindible: la vía pública queda fuera, salvo lo mínimo inevitable para vigilar el propio inmueble.
  • Ayuntamientos y vía pública. Grabar calles y plazas con fines de seguridad corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también a la Policía Local, bajo la Ley Orgánica 4/1997. Las cámaras fijas necesitan autorización de la Delegación del Gobierno, previo informe preceptivo y vinculante de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de cada comunidad autónoma. La AEPD ha recordado que una empresa de seguridad privada no puede captar la vía pública en lugar de la policía.
  • Seguridad privada. Según el artículo 42 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, cuando la videovigilancia busca prevenir infracciones, evitar daños o impedir accesos no autorizados, la prestan vigilantes de seguridad. Y las grabaciones no pueden usarse para una finalidad distinta.

Este último punto tiene una consecuencia directa: si un sistema de videovigilancia con IA genera alertas que alguien tiene que valorar para proteger un recinto, ese alguien debería ser un vigilante de seguridad habilitado de una empresa inscrita. Contratar ese servicio a quien no lo está es ejercicio sin habilitación, como explicamos en las empresas piratas de seguridad privada. Y no olvides que el reglamento que debía desarrollar la ley de 2014 sigue sin aprobarse: lo contamos en ¿qué pasó con el nuevo Reglamento de Seguridad Privada?.

Infografía · Quién tiene algo que decir

Los organismos que afectan a la videovigilancia con IA

AEPD

Supervisa la protección de datos: advierte, investiga y sanciona. Es quien firmó los avisos a los dos ayuntamientos.

Delegación del Gobierno y Comisión de Garantías

Autorizan las cámaras policiales en la vía pública. La Comisión, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, emite informe vinculante.

Policía Nacional (seguridad privada)

Controla que la videovigilancia con fines de seguridad la presten empresas inscritas y vigilantes habilitados.

AESIA

La Agencia Española de Supervisión de la IA vigilará el cumplimiento del Reglamento europeo de IA, que incluye los sistemas biométricos.

CCN

Su nueva metodología ESP-IA permite evaluar la seguridad de productos con IA. Y el ENS se aplica a los sistemas de las administraciones.

Comité de empresa e Inspección de Trabajo

Si las cámaras graban a la plantilla, los trabajadores y sus representantes tienen derecho a ser informados.

Elaboración propia de Proseguridad a partir de la LO 4/1997, la LOPDGDD, la Ley 5/2014, el Reglamento europeo de IA y la normativa del CCN.

Garantía 3: la evaluación de impacto, antes y no después

El papel que demuestra que alguien pensó en los riesgos.

La AEPD recuerda que, si el tratamiento puede suponer un alto riesgo para los derechos de las personas, hay que hacer una evaluación de impacto en protección de datos (EIPD) antes de ponerlo en marcha, como exige el artículo 35 del RGPD. La videovigilancia con IA reúne casi todas las papeletas: observa de forma sistemática, a menudo a gran escala, y usa tecnologías nuevas.

Cuadro explicativo

¿Qué es la EIPD?

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) es un análisis previo y por escrito de los riesgos que un tratamiento de datos personales supone para los derechos de las personas, y de las medidas para reducirlos. La regula el artículo 35 del RGPD. Piensa en ella como el «estudio de riesgos» de tu sistema de cámaras, pero centrado en las personas grabadas.

¿Cuándo es obligatoria?

Cuando el tratamiento puede suponer un alto riesgo. El RGPD cita expresamente la observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público y el tratamiento a gran escala de datos biométricos (art. 35.3). La AEPD publica además su propia lista de tratamientos que la exigen.

¿Quién la hace?

El responsable del tratamiento: la empresa o el ayuntamiento que instala las cámaras, con el asesoramiento del delegado de protección de datos (art. 35.2). El proveedor, como encargado, debe ayudar (art. 28.3.f).

¿Qué debe incluir?

Como mínimo, una descripción del tratamiento y sus fines, el examen de necesidad y proporcionalidad, la evaluación de los riesgos y las medidas para afrontarlos (art. 35.7).

¿Y si el riesgo sigue siendo alto?

Si tras aplicar las medidas el riesgo no baja, hay que consultar a la AEPD antes de empezar a grabar (consulta previa del art. 36).

Ojo: la EIPD no es un permiso ni se hace una sola vez. Es un documento vivo que se revisa cuando cambia el tratamiento, por ejemplo al activar una nueva función de IA en las cámaras (art. 35.11). La AEPD ofrece la herramienta gratuita Gestiona EIPD para prepararla.

Una buena EIPD no es un trámite. Describe cada función de la IA, qué datos trata y genera, quién accede, cuánto se conservan, qué puede salir mal y qué medidas lo evitan. Y analiza el impacto sobre todos los afectados: clientes, vecinos, trabajadores y terceros. La guía de la AEPD sobre el uso de videocámaras es el punto de partida obligado.

Garantía 4: la línea roja de la biometría

Reconocer una cara no es vigilar: es identificar.

Cuando una función de la cámara permite identificar de forma única a una persona por sus rasgos, se tratan datos biométricos, una categoría especial del artículo 9 del RGPD. La AEPD lo dice claro: en ese caso se aplica el régimen reforzado y hacen falta garantías específicas. Por eso dedicó especial atención al proyecto con reconocimiento facial.

A eso se suma el Reglamento europeo de IA. Prohíbe, con excepciones muy tasadas para delitos graves, la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales. Prohíbe también reconocer emociones en el lugar de trabajo, salvo por razones médicas o de seguridad. Y considera de alto riesgo otros sistemas de identificación biométrica remota, con obligaciones que, tras el Ómnibus digital, se aplicarán desde el 2 de diciembre de 2027. Te lo explicamos en EU AI Act: qué es y cómo funciona y en EU AI Act 2027. Y quién vigilará su cumplimiento en España lo tienes en AESIA: qué es la agencia que vigila la inteligencia artificial.

Ojo con la búsqueda por apariencia. Buscar «un hombre joven con sudadera roja» en horas de grabación, o lanzar la búsqueda a partir de una foto, no siempre es reconocimiento facial en sentido técnico. Pero permite localizar y seguir a una persona concreta. Por eso la AEPD la metió en el mismo saco de funciones que exigen un análisis riguroso.

Garantía 5: supervisión humana de verdad

La IA filtra. El operador o el vigilante decide.

Una alerta de videovigilancia con IA puede acabar en una persona retenida, un aviso a la policía o una denuncia. Esa decisión no puede tomarla la máquina sola. El artículo 22 del RGPD protege frente a decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente a las personas. Y el Reglamento europeo de IA exige que los sistemas de alto riesgo estén supervisados por personas con la formación, la competencia y la autoridad necesarias.

Supervisión real significa tres cosas: alguien formado revisa cada alerta antes de actuar; puede descartarla sin penalización; y queda registro de lo que vio y decidió. Es el modelo que ya aplican muchas centrales del sector, como contamos en Robótica e IA en seguridad privada: la máquina criba y la persona confirma.

El Centro Criptológico Nacional ha ido en la misma línea con su metodología ESP-IA, publicada en octubre de 2026: exige supervisión humana antes de acciones críticas o irreversibles y trazabilidad de lo que hace la IA. Te lo detallamos en ESP-IA: la metodología del CCN para evaluar productos con IA. La AEPD aplica la misma lógica de control humano a los agentes de IA, como contamos en el decálogo de la AEPD para delegar tareas en agentes de IA. Y recuerda que, cuando el vigilante interviene a raíz de una alerta, sigue sujeto a los mismos límites de siempre, que repasamos en vigilantes de seguridad como agentes de la autoridad.

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Garantía 6: conservar lo mínimo, también los metadatos

Un mes para las imágenes. ¿Y para lo que la IA deduce de ellas?

La regla general está en el artículo 22.3 de la LOPDGDD: las imágenes se suprimen en el plazo máximo de un mes desde que se graban. La excepción es que haya que conservarlas para acreditar hechos que atenten contra personas, bienes o instalaciones; en ese caso se ponen a disposición de las autoridades en un máximo de 72 horas desde que se conoce la grabación.

La videovigilancia con IA añade un problema nuevo: los metadatos. Una cámara inteligente no solo graba; también anota «persona, adulto, chaqueta roja, 21:14, puerta norte». Esos registros son datos personales y pueden durar mucho más que el vídeo si nadie lo impide. Por eso la AEPD pide fijar, para cada función, qué datos genera, cuánto tiempo se guardan y quién puede acceder a ellos.

Y el acceso, restringido. Solo las personas autorizadas, con usuario propio y registro de quién miró qué. Una grabación filtrada a redes sociales o a un grupo de mensajería es una brecha de seguridad, y también puede ser un problema para el propio vigilante, como explicamos en ¿te pueden grabar con el móvil si eres vigilante?.

Infografía · Los plazos

El reloj de una grabación de videovigilancia

0

Se graba la imagen y la IA genera metadatos

Desde ese momento corre el plazo. Los metadatos necesitan su propio plazo, fijado de antemano.

72h

Si hay un incidente: a las autoridades

Las imágenes que acreditan un hecho se ponen a disposición de las autoridades en un máximo de 72 horas desde que se conoce la grabación.

30

Un mes: borrado

Plazo máximo general. Conservar más sin justificación es sancionable. Si el sistema lo permite, mejor un plazo más corto.

Fuente: artículo 22.3 de la LOPDGDD. Pueden existir normas sectoriales con plazos propios.

Garantía 7: transparencia con el público y con la plantilla

Un cartel que diga «zona videovigilada» ya no basta.

La AEPD insiste en que las personas afectadas deben recibir información clara, accesible y comprensible sobre el tratamiento, sus finalidades y el papel que juega el sistema. En la práctica: el cartel informativo del artículo 22.4 de la LOPDGDD y una segunda capa (una web o un código QR) que explique qué hace la IA, qué analiza y cómo ejercer los derechos.

Si las cámaras graban a trabajadores, hay que informar antes a la plantilla y a sus representantes, como exige el artículo 89 de la LOPDGDD. Y desde el 5 de octubre de 2026 hay una obligación más: el Real Decreto 723/2026 obliga a informar por escrito a cada trabajador de la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados que intervengan en decisiones sobre sus condiciones de trabajo. Si la videovigilancia con IA se usa también para controlar el rendimiento de la plantilla, entra de lleno. Además, el comité de empresa tiene derecho a conocer las reglas de esos algoritmos (art. 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores).

Los tribunales también están marcando el camino. Si quieres saber qué exigen hoy el Supremo y el TSJ a las empresas cuando la IA entra en el trabajo, lee lo que contamos sobre la jornada de formación en riesgos laborales e IA.

Si eres vigilante y no te han informado de cómo se usan las cámaras que te graban, tu representación sindical puede pedirlo. Tienes los sindicatos del sector en nuestro directorio de sindicatos de seguridad privada.

Garantía 8: un contrato blindado con el proveedor

El proveedor trabaja con tus datos. El contrato decide hasta dónde.

Casi nadie desarrolla su propia videovigilancia con IA. Se compra o se contrata como servicio, y el proveedor suele tener acceso a imágenes y metadatos. Eso lo convierte en encargado del tratamiento, y el artículo 28 del RGPD exige un contrato que fije qué puede hacer y qué no.

Si quien contrata es un ayuntamiento u otra administración, hay reglas añadidas. Desde el Real Decreto-ley 14/2019, la Ley de Contratos del Sector Público obliga al adjudicatario a declarar dónde estarán los servidores y desde dónde se prestará el servicio, y somete el contrato a la normativa de protección de datos como obligación esencial, según explicó PwC. Y los sistemas de las administraciones deben cumplir el Esquema Nacional de Seguridad.

Infografía · Cláusulas

Diez puntos que no pueden faltar en el contrato de videovigilancia con IA

1. Lista cerrada de funciones de IA activadas.

2. Prohibición de usar imágenes para entrenar modelos.

3. Ubicación de servidores y transferencias internacionales.

4. Plazos de borrado de imágenes y metadatos.

5. Subencargados, solo con autorización previa.

6. Registro de accesos y de acciones de la IA.

7. Ciberseguridad acreditada y aviso de brechas.

8. Derecho a auditar al proveedor.

9. Ayuda para atender los derechos de las personas.

10. Devolución y borrado de todo al acabar.

Elaboración propia a partir del art. 28 del RGPD, la Ley de Contratos del Sector Público y las recomendaciones de la AEPD.

La ciberseguridad merece un punto aparte. Una cámara conectada es una puerta a la red, y una analítica de IA puede ser engañada o saturada. Si te interesa ese lado del problema, lee lo que contamos sobre el ransomware en infraestructuras críticas y sobre los Cyber Range donde se entrena para resistirlo. Para buscar instaladoras y empresas de seguridad inscritas, tienes nuestro directorio de empresas de seguridad privada.

Qué debe hacer cada uno

Empresas, ayuntamientos y directores de seguridad, cada uno con su papel.

Empresas

  • Graba solo tu espacio y desactiva lo que no necesites.
  • Haz la EIPD antes de activar funciones de IA.
  • Informa a la plantilla y al comité (art. 89 LOPDGDD y RD 723/2026).
  • Contrata la vigilancia a empresas inscritas.

Ayuntamientos

  • Vía pública: Policía Local y autorización de la Delegación del Gobierno.
  • Justifica cada función de IA, no solo las cámaras.
  • Pliegos con protección de datos desde el diseño, ENS y ubicación de servidores.
  • Información clara a los vecinos.

Directores de seguridad

  • Trabaja codo a codo con el delegado de protección de datos.
  • Exige al proveedor la lista de funciones y las evaluaciones de seguridad.
  • Define quién revisa cada alerta y cómo se registra.
  • Revisa periódicamente que todo sigue siendo necesario.

El debate sobre la videovigilancia con IA no se queda en el sector privado. Lo vimos en cómo te vigila la DGT y en el caso de Palantir y Defensa. Para seguir la conversación en persona, la videovigilancia inteligente fue uno de los ejes de Security Forum 2026 y también estuvo en el programa de ExpoSecurity 2026 en Madrid. Toda la normativa citada la tienes en nuestra sección de legislación y normativa, y el resto de noticias del área en tecnología.

Preguntas frecuentes sobre la videovigilancia con IA

¿Es legal la videovigilancia con IA en España?

Sí. La AEPD ha dicho expresamente que la normativa no impide usar estas tecnologías, pero exige garantías adecuadas a sus riesgos y justificar cada función por separado.

¿Puede un ayuntamiento poner cámaras con reconocimiento facial en la calle?

Las cámaras en la vía pública requieren autorización bajo la LO 4/1997. El reconocimiento facial trata datos biométricos con régimen reforzado, y el Reglamento europeo de IA prohíbe con carácter general la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales, salvo excepciones muy tasadas.

¿Cuánto tiempo se pueden guardar las grabaciones?

Como regla general, un mes como máximo (art. 22.3 de la LOPDGDD), salvo que acrediten un hecho grave. Los metadatos que genera la IA también necesitan un plazo definido.

¿Hace falta una evaluación de impacto?

Si el tratamiento puede suponer un alto riesgo, sí, y antes de empezar. En la videovigilancia con IA, con funciones de identificación, búsqueda o seguimiento, es lo habitual.

¿Quién debe revisar las alertas de la IA?

Una persona formada. Si la finalidad es proteger un recinto frente a infracciones, la Ley 5/2014 reserva la videovigilancia a vigilantes de seguridad de empresas inscritas.

¿Tienen que saberlo los trabajadores?

Sí. El artículo 89 de la LOPDGDD exige informar antes a la plantilla y sus representantes. Y desde el 5 de octubre de 2026, el RD 723/2026 obliga a informar por escrito de los sistemas algorítmicos que afecten a las condiciones de trabajo.

¿Gestionas un proyecto de videovigilancia con IA?

Si eres director de seguridad, delegado de protección de datos, técnico municipal o proveedor y quieres contarnos cómo lo estáis aplicando, escríbenos a info@proseguridad.info. Si detectas una empresa que presta videovigilancia sin estar inscrita, consulta nuestro Observatorio de seguridad privada.

Este artículo tiene carácter informativo y se basa en normativa y documentos públicos consultados el 1 de noviembre de 2026. Las advertencias de la AEPD citadas no identifican a los ayuntamientos ni suponen la declaración de una infracción. Las «8 garantías» son una síntesis editorial de Proseguridad, no una lista oficial. No constituye asesoramiento jurídico: para un proyecto concreto, consulta con el delegado de protección de datos o un profesional.

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